Martes, 20 mayo 2025
Un nuevo escándalo sacude la Municipalidad Distrital de La Unión, donde la licitación para la ejecución del Canal Canizal —valorada en aproximadamente cinco millones de soles— ha sido denunciada por estar rodeada de serias irregularidades, sobrevaloraciones y posibles actos de direccionamiento.
El vecino José Panta ha elevado una alerta formal al alcalde Ruperto Fernández Sernaqué, advirtiendo sobre inconsistencias graves en el expediente técnico y una posible sobrevaloración de partidas que pondrían en riesgo la ejecución y funcionalidad de la obra. Además, tres postores que participaron en el proceso de consultas también expusieron observaciones técnicas y administrativas que fueron ignoradas por el comité de selección, integrado por Enrique Silva Santos, Lenin Zurita Chasquero y Bolunger Aguirre.
Uno de los puntos más críticos es la inclusión de una partida por “medidas Covid-19” de S/150,000, pese a que ya no rige ninguna emergencia sanitaria en el país. Esta asignación carecería de justificación técnica y podría constituir un uso indebido de fondos públicos.
Asimismo, se ha detectado una inconsistencia técnica fundamental: el estudio de suelos indica una capacidad portante de 0.91 kg/cm², mientras que el cálculo estructural del canal se basó en una capacidad de 2.73 kg/cm², casi tres veces mayor. Esta diferencia compromete seriamente la estabilidad de la futura infraestructura, con el riesgo de colapso.
Constructora Jofar, una de las empresas participantes, presentó observaciones sobre partidas aparentemente infladas, como el cartel de obra, trazo y nivel, corte y excavación de terreno, compactación y perfilado, entre otras. Además, el presupuesto actualizado al mes de marzo de 2025 refleja un incremento de S/200,000, sin que se adjunten cotizaciones recientes ni cálculos que sustenten dicho aumento.
Otro hecho alarmante es que algunos archivos del expediente técnico, como los análisis de costos unitarios, no pueden ser abiertos por los postores. Esta información es clave para la elaboración de propuestas económicas y su ausencia vulnera la transparencia del proceso. De adjudicarse la obra en estas condiciones, existe el riesgo de adicionales posteriores, paralizaciones o abandono de los trabajos.
De no tomar medidas inmediatas, el alcalde Fernández Sernaqué y su equipo podrían enfrentar acciones legales por presunta corrupción y omisión de funciones. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios podría intervenir en las próximas semanas si no se transparenta el proceso.
Pese a todas las advertencias, la municipalidad planea continuar con la licitación del Canal Canizal este martes, en medio de un clima de desconfianza, dudas técnicas y señalamientos de posible favorecimiento.
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