Sábado, 12 septiembre 2026
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori planteó, en el marco de la solicitud de facultades legislativas, la creación de un Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, como parte de una estrategia para enfrentar la extorsión, el sicariato, los secuestros y otras modalidades del crimen organizado.
La propuesta permitiría reunir información sobre la estructura de estas organizaciones, sus integrantes, zonas de operación, modalidades delictivas, redes de apoyo y capacidades financieras, logísticas y operativas, incluyendo sus posibles vínculos nacionales y transnacionales.
Además, se plantea fortalecer la coordinación entre la DINI, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa mediante un mecanismo especial dentro del Sistema de Inteligencia Nacional.
RASTREO DE CELULARES CONTRA EXTORSIONADORES
Otra de las medidas propuestas busca modificar el marco legal de telecomunicaciones para facilitar a la Policía el acceso a información de localización, geolocalización y rastreo de teléfonos móviles vinculados a investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato.
Las autoridades también buscan incorporar herramientas tecnológicas para detectar patrones de comunicación relacionados con redes de extorsión, rutas utilizadas por sicarios y estructuras vinculadas a la minería ilegal.
El Gobierno sostiene que estas herramientas permitirán identificar puntos de operación y coordinación de las organizaciones criminales, sin acceder al contenido de las conversaciones privadas y bajo las garantías establecidas por la Constitución.
¿UN NUEVO GEIN?
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que las facultades permitirían fortalecer la lucha contra el crimen organizado y crear un comando de inteligencia con capacidades similares a las del histórico GEIN, orientado a anticiparse a los delitos y desarticular las redes criminales.
La propuesta también contempla reforzar la conservación y entrega de información técnica por parte de las empresas operadoras, así como mejorar el bloqueo de señales y comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles.
La propuesta abre un intenso debate: ¿mano dura contra el crimen organizado o mayores facultades de vigilancia para el Estado?
