Sábado, 5 septiembre 2026
Un nuevo caso que pone bajo la lupa la gestión municipal sacude al distrito de La Unión, en el Bajo Piura. Un informe de control de la Contraloría General de la República revela un perjuicio económico de S/ 232,873.76 en una obra educativa y advierte graves deficiencias en el manejo y resguardo de documentos y cartas fianza dentro de la municipalidad.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Piura emitió el Informe de Auditoría N.° 043-2026-2-0454-AC, fechado el 19 de agosto de 2026, referido a la ejecución de la obra “Recuperación del local escolar N.° 1056 del A.H. Héroes del Cenepa”, en el distrito de La Unión.
Según el documento de control, tres funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Unión habrían favorecido indebidamente a la empresa Constructora La Torre Contratistas Generales S.R.L., al aprobar dos ampliaciones de plazo por un total de 28 días calendario: la Ampliación N.° 2, por 15 días, y la Ampliación N.° 3, por 13 días.
¿Ampliaciones sin justificación?
La empresa contratista sustentó los retrasos alegando una supuesta falta de detalles técnicos para la instalación de la cobertura autoportante del patio y los juegos recreativos de madera.
Sin embargo, la comisión auditora de la Contraloría concluyó que ambas partidas ya se encontraban plenamente detalladas en los planos del expediente técnico original, específicamente en las láminas A-06, D-01 y D-02.
El informe señala además que, al tratarse de un contrato bajo el sistema de Suma Alzada, el contratista estaba obligado a ejecutar la totalidad de la obra por el monto ofertado, por lo que las ampliaciones de plazo aprobadas carecerían de sustento.
28 Dìas de retraso que no se penalizaron
La aprobación de estas ampliaciones habría impedido que la municipalidad aplicara la penalidad correspondiente por mora.
La penalidad diaria estaba calculada en S/ 8,316.92 por cada día de retraso. Al no aplicarse la sanción durante los 28 días considerados improcedentes, el perjuicio económico determinado por la Contraloría ascendió a S/ 232,873.76.
De acuerdo con el informe, este monto terminó beneficiando a la empresa contratista al aprobarse la liquidación final de la obra sin efectuar el descuento correspondiente.
Contralorìa idèntifica presunta responsabilidad
Por estos hechos, el órgano de control identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios vinculados a la ejecución de la obra:
James Gabriel Robles Machacuay, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Germán David Boulanger Aguirre, subgerente de Obras, quien continuó en funciones durante la gestión de Ruperto Fernández y le ratificó la confianza.
Jhon Alexander Castillo Reusche, inspector de la obra.
El informe fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para el inicio de las acciones legales correspondientes, incluyendo las de carácter penal, por el presunto delito de negociación incompatible o favorecimiento indebido en agravio del Estado.
¡Exepedientes tirados en el suelo y amontonados en sacos
Pero el informe no solo advierte irregularidades relacionadas con la obra escolar.
Durante la inspección física, los auditores encontraron un preocupante desorden en el sistema de archivo de la Municipalidad Distrital de La Unión.
Según el documento, la comuna no cuenta con un sistema ni un espacio adecuado para el archivo técnico, encontrándose expedientes de valorizaciones, liquidaciones y resoluciones de obras tirados en el suelo, desordenados y amontonados dentro de sacos de polietileno, tanto en oficinas como en pasadizos externos de la Gerencia de Desarrollo Territorial.
CARTAS FIANZA EN UNA CAJA DE SEGURIDAD… ¡EN EL SUELO!
El hallazgo que genera especial preocupación está relacionado con las cartas fianza de los contratistas, documentos que sirven como garantía de importantes recursos públicos.
Los auditores constataron que estas cartas fianza eran almacenadas de manera precaria en una pequeña caja de seguridad colocada directamente en el suelo, debajo de un escritorio.
Además, la municipalidad no contaría con registros informáticos ni directivas internas adecuadas para regular el control, custodia y devolución oportuna de estos documentos.
El informe de control pone así en evidencia serias deficiencias en la administración, custodia documental y protección de los recursos públicos, dejando expuesta a la municipalidad frente al riesgo de pérdida, deterioro o manejo inadecuado de documentación de importancia para el Estado.
La pregunta queda abierta: ¿quiénes asumirán finalmente las responsabilidades por este perjuicio económico y por el preocupante manejo de los documentos y garantías de las obras públicas en La Unión?.
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