Miércoles, 3 junio 2026:
Municipalidad distrital solo ofreció dos serenos para resguardar a la comisión de control. Contraloría suspendió la visita por riesgo para sus auditores y detectó además información desactualizada en INFOBRAS.
La rehabilitación de la Institución Educativa N.° 464, en el distrito de La Unión, no pudo ser inspeccionada físicamente por la Contraloría General de la República debido a las deficientes condiciones de seguridad existentes en la zona y al limitado apoyo brindado por la municipalidad distrital para resguardar a la comisión de control.
La situación fue revelada en el Informe de Orientación de Oficio N.° 030-2026-OCI/0454-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Piura, documento que también advierte incumplimientos en la actualización de información de la obra en la plataforma INFOBRAS.
Según el informe, la comisión de control tenía programada una inspección presencial para verificar el avance y ejecución del proyecto educativo. Sin embargo, antes de la diligencia se evaluó el contexto de inseguridad que rodea la obra, donde recientemente se han registrado hechos violentos, entre ellos una balacera que dejó heridos a un trabajador de construcción y a un menor de edad.
Ante este panorama, la Contraloría coordinó con la Municipalidad Distrital de La Unión medidas de seguridad para garantizar la integridad de los auditores. No obstante, la comuna informó que únicamente podía disponer de dos efectivos de Serenazgo para acompañar la visita.
Para el órgano de control, dicho número resultaba insuficiente frente al nivel de riesgo identificado, por lo que se decidió no ejecutar la inspección física programada. Como consecuencia, una obra financiada con recursos públicos quedó sin la verificación presencial de la entidad encargada de supervisar el correcto uso de los fondos del Estado.
La Contraloría también detectó deficiencias en el registro de información de la obra en el sistema INFOBRAS. Durante la revisión se constató que los avances físicos y financieros solo habían sido actualizados hasta enero de 2026, pese a que la evaluación se realizó varios meses después.
El informe advierte que esta omisión afecta la transparencia de la inversión pública, limita el acceso de la ciudadanía a información actualizada sobre el proyecto y dificulta las labores de control y fiscalización.
Frente a las situaciones adversas identificadas, el OCI recomendó a la entidad responsable adoptar acciones preventivas y correctivas inmediatas, además de informar en un plazo máximo de cinco días hábiles las medidas implementadas para subsanar las observaciones formuladas.
