Jueves, 21 mayo 2026
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la fuerte sanción impuesta contra el partido político Juntos por el Perú, tras detectar presuntos aportes de fuente prohibida durante la campaña electoral del año 2021.
La máxima instancia electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por la agrupación política vinculada al excandidato presidencial Roberto Sánchez y respaldó en todos sus extremos las conclusiones emitidas previamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La sanción económica asciende a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a más de S/176 mil soles. Además, el fallo contempla una reducción del 10% en el financiamiento público directo que recibe el partido por parte del Estado.
De acuerdo con la auditoría realizada por la ONPE en noviembre de 2025, se detectaron 17 aportes económicos registrados en la contabilidad de la organización política por un total de S/17 mil soles. Sin embargo, las personas que figuraban como supuestos aportantes negaron haber realizado dichas donaciones.
Tras las investigaciones, el organismo electoral concluyó que se trataría de operaciones simuladas y calificó los ingresos como fondos de procedencia desconocida o prohibida, vulnerando las normas sobre transparencia y financiamiento político en procesos electorales.
El JNE respaldó los hallazgos técnicos de la ONPE y ratificó que Juntos por el Perú incumplió las disposiciones relacionadas con el control, fiscalización y rendición de cuentas durante la campaña electoral.
Pese a la confirmación de la sanción, la agrupación política aún podrá acogerse al beneficio de pronto pago para obtener una reducción del 25% de la multa, siempre que cancele el monto dentro del plazo establecido y desista de presentar nuevas acciones legales. También tendrá la opción de solicitar el fraccionamiento de la deuda.
La decisión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos en el Perú y los mecanismos de fiscalización implementados por los organismos electorales para garantizar mayor transparencia en las campañas.
