Domingo, 11 enero 2026
La indignación crece en el distrito de La Unión. A pocas horas de la fecha clave en la que está programada su suspensión oficial este 12 de enero, el aún alcalde Ruperto Fernández Sernaqué se rehúsa a dejar el cargo, desafiando abiertamente la voluntad popular y profundizando la crisis política en el municipio.
Pese al repudio mayoritario de la población, Fernández vuelve a mostrar una actitud confrontacional y distante del sentir ciudadano. Al ser consultado sobre su inminente suspensión, respondió con soberbia: “que me suspendan”. No obstante, los hechos contradicen sus palabras.
Lejos de preparar una transición ordenada, el alcalde ha contratado al abogado Juan Carlos Álamo Castro, un profesional de alto costo, con el objetivo de frenar su suspensión. Esta decisión ha encendido las alarmas entre los vecinos, quienes se preguntan con justa razón:
👉 ¿Con qué recursos se está financiando esta defensa legal?
👉 ¿Se estarían utilizando fondos que pertenecen al pueblo?
Además, Fernández presentó un documento solicitando la “suspensión de su propia suspensión”, una acción que para muchos evidencia su clara intención de aferrarse al poder a toda costa, incluso desafiando las decisiones administrativas y el clamor ciudadano.
La población no solo rechaza la continuidad de Ruperto Fernández, sino también la permanencia de los funcionarios que lo rodean, varios de los cuales han sido señalados por presuntamente integrar una organización criminal enquistada en la municipalidad, gobernando de espaldas a los intereses del pueblo.
Vecinos, dirigentes sociales y organizaciones civiles advierten que el alcalde estaría dispuesto a pelear hasta el último momento, utilizando recursos públicos, con tal de no abandonar el cargo.
Este 12 de enero, La Unión alza su voz con firmeza:
El pueblo exige que se vayan sí o sí.
La decisión está tomada.
La Unión ya decidió. La voz popular no se calla.
