Jueves, 1 enero 2026
La provincia de Pataz vuelve a teñirse de sangre y luto. En vísperas de Año Nuevo, una masacre ocurrida en una bocamina dejó varias víctimas mortales, confirmando que la violencia ligada a la minería ilegal no solo continúa, sino que se ha intensificado, pese al estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.
Tras conocerse el crimen, el alcalde distrital Aldo Carlos Mariños responsabilizó directamente al presidente José Jerí, a quien acusó de incumplir los acuerdos asumidos en octubre pasado en Lima, donde se comprometió a implementar acciones concretas para frenar el avance del crimen organizado en la zona.
“El Gobierno se comprometió a reforzar la seguridad, pero Pataz sigue abandonada. La militarización no ha dado resultados y hoy estamos contando muertos”, señaló la autoridad edil, visiblemente indignada.
Mariños advirtió que la ausencia de una estrategia real y sostenida ha permitido que las mafias mineras sigan operando con total impunidad, poniendo en riesgo a trabajadores, comunidades y autoridades locales. “El Estado ha fallado. Lo ocurrido es consecuencia directa de la inacción del Gobierno”, remarcó.
La masacre ha reavivado el reclamo de la población patacina, que exige medidas urgentes, presencia efectiva del Estado y cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos, antes de que la violencia cobre más vidas.
