Sàbado, 1 noviembre 2025
Se hizo justicia. Tras cuatro años de batalla administrativa, el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú dejó sin efecto la sanción impuesta al doctor Dante Ramírez Ríos, quien había sido cuestionado por intervenir en una cirugía de emergencia que salvó la vida de una paciente en Sullana.
El caso se remonta a agosto de 2021, cuando una mujer, cuya operación ya estaba programada, enfrentaba un cuadro delicado tras una semana de sangrado. Según la denuncia, la anestesióloga de turno, Lesly Flores Pinedo, se negó a realizar la intervención, situación que puso en riesgo la vida de la paciente.
Ante esta emergencia, el entonces director del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, Dante Ramírez, dejó sus labores administrativas, se colocó la bata médica y asumió el rol de anestesiólogo para garantizar que la cirugía se llevara a cabo. La intervención fue exitosa y la vida de la paciente fue salvada.
No obstante, Ramírez fue denunciado por presunto maltrato verbal acusación que no logró ser probada— y posteriormente sancionado por el Consejo Regional VII Piura del Colegio Médico, no por ese hecho, sino por haber administrado anestesia sin estar programado para esa función.
“La resolución de primera instancia se cae porque me sancionan por una causa distinta a la que se me investiga y se recorta mi derecho a la defensa. La paciente llevaba una semana sangrando; no me arrepiento, porque el deber de todo médico es salvar vidas”, señaló Ramírez tras conocer la decisión.
La reciente resolución del Consejo Nacional deja sin efecto la amonestación pública que pesaba sobre el galeno y que lo inhabilitaba para asumir cargos públicos. Ahora, el caso deberá retomarse desde el inicio para una evaluación adecuada.
Ramírez también cuestionó que habría existido influencia del entonces decano regional, Cristina Requena, con quien mantenía procesos civiles y penales por una sociedad clínica, y anunció que tomará acciones legales contra quienes —según indicó— dañaron su imagen y le ocasionaron perjuicio económico.
Este fallo marca un precedente en defensa del criterio médico frente a situaciones de emergencia, recordando que la obligación esencial de todo profesional de la salud es preservar la vida.
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