Sábado, 18 octubre 2025
Un escandaloso caso ha sacudido a la comunidad de Locuto, en el distrito de Tambogrande. El reconocido dirigente antiminero y actual presidente de la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto, Jorge Winston Juárez Arroyo, figura como titular de la empresa Agroindustrias del Valle JWM S.A.C., inscrita con la Partida Registral N° 11215455, la cual tiene dentro de su objeto social la exploración y explotación minera de pequeña y gran escala, además de la distribución y etiquetado de productos mineros, consultoría en seguridad minera, actividades metalúrgicas, mineroductos y gaseoductos, entre otros.
La denuncia fue formulada por el ex presidente comunal y actual teniente gobernador del centro poblado La Greda Nueva, Héctor Nima, quien expresó su sorpresa e indignación por lo que calificó como una evidente contradicción: “Mientras el señor Juárez lidera marchas y discursos antimineros, mantiene una empresa que podría dedicarse precisamente a lo que tanto critica”, declaró.
Ante las acusaciones, Jorge Winston Juárez Arroyo reconoció en una breve entrevista radial la constitución de la empresa, aunque aseguró que fue dada de baja en 2022.
Familiares y vínculos con Procompite
Otro aspecto que genera cuestionamientos es el caso de su familia. La madre del dirigente, Estela Margarita Arroyo Inga, y su hermano, José de los Santos Juárez Arroyo, fundaron la empresa Rico Bosque S.R.L. en 2022, dedicada a la venta de alimentos especializados. Dos años después, en 2024, esta empresa resultó ganadora del programa estatal Procompite del Gobierno Regional de Piura, obteniendo S/ 232,449 para el proyecto “Mejoramiento de la Producción de Derivados de Algarroba, Algarrobina y Harina de Algarroba”.
La entrega del incentivo fue realizada por el gerente regional de Desarrollo Económico, Antonio Valdiviezo Palacios, funcionario de confianza del gobernador Luis Neyra.
Indignación en la comunidad
Estos hechos han generado malestar e indignación entre los comuneros de Locuto, quienes cuestionan la coherencia del líder comunal y denuncian que nuevamente se pretende utilizar causas sociales legítimas para encubrir intereses personales y familiares.
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