Miércoles, agosto de 2025
La reciente compra de camionetas de alta gama valorizadas en más de S/17.3 millones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha generado un profundo malestar entre la ciudadanía y, especialmente, dentro de las propias filas policiales. Mientras los altos mandos reciben modernas unidades Audi y Toyota, los agentes de base deben costearse chalecos antibalas, municiones y hasta uniformes con su propio dinero.
La controversia se encendió aún más tras las declaraciones del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, quien al ser consultado por Latina respondió con ironía: “¿Para cumplir mis actividades, vengo en bicicleta?”. Lejos de apaciguar las críticas, la frase fue vista como una muestra de desconexión total con la realidad que viven miles de policías en las calles.
Entre los beneficiados con los vehículos figuran altos oficiales del comando policial, como el jefe del Estado Mayor, teniente general Óscar Arriola Delgado; el inspector general, teniente general Jhony Veliz Noriega; y el jefe del Comando Policial de Operaciones, teniente general Carlos Céspedes Muñoz.
El contraste es indignante: mientras algunos coroneles y generales disfrutan de vehículos de lujo adquiridos con recursos del Estado, el suboficial José Gabriel Munive murió en acto de servicio enfrentando a delincuentes con un chaleco antibalas que él mismo tuvo que comprar. Su trágico caso se ha convertido en símbolo del abandono y precariedad en la que operan miles de policías peruanos.
Zanabria ha defendido la compra alegando que se realizó bajo los parámetros legales y que el uso de vehículos oficiales está normado para oficiales superiores. No obstante, el debate de fondo persiste: ¿por qué se prioriza el confort de la cúpula cuando los verdaderos combatientes del crimen carecen de lo más básico para salvar sus vidas?
El Congreso y la Contraloría ya han sido instados a abrir investigaciones. La ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, un verdadero compromiso con la seguridad del país
