Miércoles, 2 julio 2025
En una decisión que revive prácticas cuestionadas del pasado, el alcalde provisional de La Unión, Ruperto Fernández Sernaqué, ha iniciado la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Canizal” sin haber contratado la supervisión técnica correspondiente, lo que vulnera los principios básicos de transparencia y control en obras públicas.
El terreno fue entregado de forma apresurada y casi en ceremonia clandestina, sin supervisores profesionales presentes. Solo participaron personal municipal, un monitor técnico, el residente del Consorcio Ejecutor Canizal y algunos agricultores.
La obra ya cuenta con serias observaciones técnicas no aclaradas por el alcalde ni por su gerente de Infraestructura, Germán Bolunger Aguirre, exfuncionario de la cuestionada gestión de Percy Yamunaqué Chero, hoy bajo investigación por presuntos actos de corrupción.
Supervisión pendiente
Según el cronograma oficial, recién el 4 de julio se presentarán las ofertas para contratar la consultoría de supervisión, y la buena pro se otorgará el 7 de julio. Sumando los plazos administrativos, la obra avanzará entre 20 y 30 días sin supervisión externa, un hecho gravísimo dada la magnitud del proyecto.
Durante este periodo, el mismo Bolunger asumirá las funciones de gerente de Infraestructura y monitor técnico de la obra, lo cual genera serios conflictos de interés.
Pago adelantado sin avance
A pesar de no haberse iniciado trabajos reales en el terreno, la gestión de Fernández ya transfirió al Consorcio Ejecutor Canizal un adelanto del 10% del contrato (S/ 564,000). El presupuesto total del proyecto supera los 5 millones de soles, justificado como prioritario por la comuna, aunque con serias dudas sobre su planificación y legalidad.
Comité bajo la lupa
El comité que evaluará la contratación de la supervisión está compuesto por Lenín Surita Chasquero, Germán Bolunger Aguirre y Carlos Enrique Silva Santos. La doble participación de Bolunger —como parte del comité evaluador y como responsable técnico— despierta alertas por posibles conflictos de interés.
Además, se ha revelado que las empresas del consorcio ganador tendrían vínculos con un familiar del exdecano del Colegio de Ingenieros de Piura, lo que agudiza las sospechas en torno a este proceso.
Conclusión
La obra del canal Canizal ha comenzado sin los controles mínimos exigibles: sin supervisión contratada, con un expediente técnico observado y con pagos adelantados. Esta situación compromete la transparencia, la calidad de ejecución y el buen uso de los recursos públicos.
Las entidades de control están llamadas a intervenir de manera urgente para evitar que este proyecto se convierta en un nuevo escándalo de ineficiencia o corrupción en La Unión y en la región Piura
