Miércoles, 23 abril 2025
Desde el 22 de abril de 2025, entró en vigencia una nueva Ley de Contrataciones del Estado que permite a familiares de autoridades como congresistas, ministros, presidentes, vicepresidentes, gobernadores regionales y alcaldes distritales contratar con el Estado, siempre que dichas contrataciones no se realicen con las entidades donde laboran sus parientes directos.
La medida ha generado una ola de críticas debido al posible impacto que tendría en la transparencia y en la prevención de conflictos de interés dentro de la gestión pública.
El objetivo de la norma, según sus promotores, es evitar la exclusión laboral de personas por su parentesco con funcionarios públicos. Liz Díaz, especialista en contrataciones públicas, explicó: “Si yo soy hermana de un congresista, solo estaría impedida de contratar con el Congreso, no a nivel nacional”.
Sin embargo, antecedentes revelados por investigaciones periodísticas han encendido las alarmas. Entre julio de 2021 y octubre de 2024, al menos 38 familiares de 30 congresistas accedieron a contratos con el Estado por más de un millón de soles, infringiendo la normativa vigente en ese entonces.
La reforma fue promovida principalmente por la bancada de Acción Popular, especialmente por congresistas vinculados al caso ‘Los Niños’, una investigación sobre presuntos actos de corrupción en el Parlamento. Para varios sectores, esta nueva ley representa un intento de regularizar prácticas éticamente cuestionables.
A pesar de las críticas, defensores de la medida aseguran que promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a contratos estatales. No obstante, expertos y analistas advierten sobre la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para evitar conflictos de interés y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos
