RECONSTRUCCIÓN: DEUDA SOCIAL CON LA REGIÓN PIURA
Al cumplirse cuatro años de las intensas lluvias e inundaciones a causa de El Niño costero que provocaron el desborde del río Piura, dejando a su paso irreparables pérdidas que lamentar, la reconstrucción no avanza al ritmo deseado ni ofrecido, la situación continúa siendo apremiante y se ve agravada por la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia por la COVID-19.
El impacto de El Niño costero en el 2017 fue devastador a pesar de las experiencias de 1983 y 1997-1998. Más de tres décadas resultaron insuficientes para prepararnos para un fenómeno de esta naturaleza, a la que la región es propensa. Sin las obras de prevención necesarias, ni la organización suficiente, muy poco pudo hacerse para reducir el riesgo y la vulnerabilidad ni mitigar sus efectos. Siendo más lamentable que cuatro años después sigamos igual de desprotegidos, y sin obras de reconstrucción propiamente.
En abril de 2017, el Gobierno promulgó la Ley N° 30556, norma que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
De acuerdo con el artículo tres de este dispositivo, la Autoridad tiene un plazo de duración de tres años, pudiendo ser prorrogado hasta por un año por Ley, previa sustentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de la República, de los avances de la ejecución del Plan y de la necesidad de ampliación del plazo.
El plazo está por expirar, la reconstrucción no concluye -ni siquiera avanza como debe ser- nos encontramos inmersos en un proceso electoral, y habría manifestaciones de la formación de un fenómeno El Niño para el 2022 que nos encontraría en situación de mayor vulnerabilidad.
