Más de dos mil funcionarios están impedidos de trabajar en el Estado
La Contraloría General reveló que un total de 2,137 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional (sanciones vigentes al 30 de abril del 2019).
La situación de estos sancionados no se verá afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional porque se trata de sanciones firmes o consentidas (El fallo del TC de manera literal precisa que su decisión no tiene efectos retroactivos, lo cual además se encuentra establecido en la propia Constitución Política del Perú).
Los departamentos que concentran el mayor número de sancionados por la Contraloría son Lima (436), Cusco (201), Cajamarca (146), Lambayeque (120) y Puno (108). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados son Ica (11), Callao (17), Madre de Dios (19), Moquegua (26) y Loreto (37).
El 97% de los sancionados administrativamente a nivel nacional fueron inhabilitados para ejercer la función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado. Mientras que el 3% fueron suspendidos temporalmente (de 30 a 360 días).
Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:
· Actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
· Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.
· Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
