Sábado, 24 de octubre del 2025
El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero, obtuvo una condena efectiva contra exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Piura y representantes del Consorcio «Agua North», responsables de haber favorecido indebidamente a dicha empresa en la adjudicación de un proyecto público valorizado en más de 166 millones de soles.
Se consiguió que se impongan penas de cuatro años de prisión efectiva a José Luis Ramos Ruiz, Rodolfo Timaná Ramos y Félix Alberto Avilés Córdova, funcionarios municipales en el año 2015, por el delito de colusión simple y a Cintia Nataly Amaya Pintado, ex jefa de la Oficina de Logística de la Municipalidad de Piura, por el delito de negociación incompatible. Asimismo, fueron condenados Imer Alfonso Haro Venturo y Patrick Gregory Ávalos Roberto, representantes del Consorcio Agua North, a tres años de pena privativa de la libertad efectiva como cómplices primarios del delito de colusión.
La investigación dirigida por el fiscal adjunto provincial José Aurelio Jiménez Moscol demostró que los sentenciados, en su calidad de presidente y miembros del Comité Especial de la Municipalidad Provincial de Piura, se coludieron con los representantes del consorcio para otorgarles la buena pro del servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto “Construcción del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales por Gravedad en la Franja Central de la ciudad de Piura”, sin cumplir los requisitos establecidos en las bases del proceso.
El caso se remonta a diciembre de 2015, cuando se convocó el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N.º 008-2014-CE-CAETMP/MPP (segunda convocatoria), luego de que el concurso inicial fuera declarado desierto. Durante la evaluación de propuestas, el comité admitió y calificó indebidamente la presentada por el Consorcio Agua North, pese a que no acreditaba la especialidad en hidráulica del director del proyecto y varios de sus especialistas carecían de la experiencia laboral exigida.
Estas irregularidades derivaron en el otorgamiento ilícito de la buena pro, configurando un acto de colusión entre funcionarios y particulares que comprometió los principios de transparencia, legalidad y competencia en la contratación pública.
Durante la audiencia de adelanto de fallo, en la que participaron las partes procesales de manera virtual, el Juzgado también ordenó que los condenados paguen de forma solidaria una reparación civil de 60 000 soles, y sean inhabilitados por el mismo tiempo de la condena. Asimismo, se ordenó que cada uno deberá pagar 240 días multa en el plazo máximo de 10 días.
