Funcionarios reportaron sus vínculos familiares , laborales y empresariales

Contraloría General y Gobierno Regional de Tumbes suscribieron Convenio Interinstitucional para que trabajadores regionales se sumen a esta iniciativa
Tumbes. – El Contralor General Nelson Shack, informó que a la fecha un total de 7,100 funcionarios que figuran en el Sistema Nacional de Control (SNC), presentaron sus Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses (DJI), los cuales pertenecen a los Órganos de Control Institucional (OCI) y de la propia entidad a su cargo.
Esta información la dio a conocer tras suscribir un convenio interinstitucional con el Gobernador Regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, para hacer posible la implementación y aplicación del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses en la actual administración regional.
“Esta medida que la estamos poniendo en práctica contribuye a fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción, transparentado la información de los funcionarios, siendo su principal valor la posibilidad de fiscalizar la información declarada de manera automática con las bases de datos de otras entidades”, refirió Shack.
En ese sentido, dijo que ello se logrará mediante un proceso de interoperabilidad con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
Precisó que “este moderno sistema de DJI cruzará información y detectará masivamente casos de nepotismo o contrataciones irregulares motivadas por intereses ajenos a la función pública.
Previamente realizó una visita protocolar al Alcalde Provincial de Tumbes, Carlos Jimy Silva Mena quien estuvo acompañado de los regidores del concejo provincial.
BENEFICIOS
Los beneficios que se logran con este esquema están relacionados a la transparencia de los intereses personales, familiares, empresariales, gremiales o de otra índole que tengan los funcionarios públicos, de manera que puedan inhibirse cuando se presente algún conflicto de intereses.
Tras indicar que este esquema en el Perú tiene una proyección de alcanzar entre los 1.5 y 2 millones de funcionarios, el Contralor General manifestó que otro de los beneficios es el reflejo de una mayor transparencia en la función pública y porque además previene los conflictos de intereses.

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